El nuevo proyecto de ley, que suplanta a la fallida Ley Omnibus, no da marcha atras con privatizar empresas que administran recursos estratégicos y muy valuados en todo el mundo, como el gas y el agua, además de los medios públicos
El Presidente de la Nacion, Javier Milei, busca avanzar con la primera etapa del Pacto de Mayo y para eso comenzó a hacer circular el nuevo texto del fracasado proyecto de ley ómnibus. Los gobernadores ya recibieron el texto, luego será el turno de los diputados, donde había tropezado este proyecto por impericia, desconocimiento y torpeza del bloque de La Libertad Avanza. Tal vez aprendieron porque el nuevo texto es más corto, reduce la cantidad de empresas que Milei quiere privatizar (pasando de mas de 40 entidades a 12), mantiene la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año; modificaciones a la ley de Contrato de Trabajo. En cuanto al paquete fiscal, que incluye el impuesto a las ganancias, llegará como un proyecto aparte, lo que en principio le permite al gobierno negociar mejor.
Así fue que dejó de ser un mamotreto de 664 artículos y ahora solo contiene 269. Todavía debe ser acordado con los gobernadores algunos de los cuales promovieron el rechazo del DNU 70/23 en el Senado. Un detalle que le otorga un mayor grado de complicación a la negociación por el proyecto de ley ómnibus 2.0.
El primer artículo establece la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. También está la lista de empresas a privatizar como Aerolíneas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina, mientras que AySA, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, Sofse (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio los cataloga dentro de la opción “privatización/concesión”. En cambio, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat) “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En este punto, el Gobierno subraya que el proceso de privatización “deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, máxima publicidad y difusión”.
Por separado, la Casa Rosada mandó a los gobernadores el “Proyecto de Ley de Medidas Fiscales” con la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; el régimen de Regularización de Activos; la modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos. Asimismo, incluye la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.