Santiago, Chile – Manifestantes se enfrentaron este martes con la policía en la capital de Chile luego de que cientos de miles de personas protestaran en Santiago y otras ciudades en una jornada de huelga general y en la cuarta semana de una ola de protestas que ha evidenciado la desigualdad social en el país, mientras que el peso chileno cayó a un mínimo histórico.
La embajada de la Argentina en Santiago tuvo que ser evacuada tras haber permanecido “sitiada”durante varias horas por turbas de activistas que pretendían irrumpir en el edificio. En diversas ciudades chilenas se registraron incendios y saqueos, principalmente en Iquique, Valparaíso y Concepción. Uno de los incidentes más graves ocurrieron en Concepción, donde el edificio de la Gobernación Provincial fue incendiado por grupos de inadaptados.
En el día 25 de movilizaciones contra el gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera y el modelo económico neoliberal heredado de la última dictadura, el llamado a la huelga fue altamente apoyado en Santiago, donde vive la mitad de los 18 millones de habitantes de Chile.
Los manifestantes, entre ellos obreros, estudiantes y docentes, reiteraron en Santiago sus reclamos de mejores salarios y jubilaciones y condiciones laborales, así como de una nueva Constitución que garantice el derecho a la educación y la salud pública y a un sistema de pensiones gestionado por el Estado y no de manera privada.
Las calles de la capital se llenaron de banderas y pancartas de sectores laborales y ciudadanos que se sumaron a organizaciones sociales y gremios en una multitudinaria marcha que se desplazó por el centro hasta el punto neurálgico de las protestas, la Plaza Italia, ahora bautizada Plaza Dignidad, informó la agencia de noticias EFE.
El transporte público operó con relativa normalidad, tanto los colectivos como el subte, al igual que el aeropuerto de Santiago, mientras que las clases fueron suspendidas y muchos organismos públicos prestaron servicios mínimos.
La Subsecretaría del Interior chilena cifró en 80.000 los manifestantes que llenaron la Alameda, principal arteria capitalina, aunque el ambiente en las calles daba la sensación de más afluencia.
También hubo protestas en otras ciudades como Arica, Antofagasta, Concepción, Rancagua, Iquique, Viña del Mar y la costera Valparaíso, que alberga el Congreso nacional, que tuvo que suspender actividades.
“El paro no es el camino”, dijo el gobierno a través de su vocera, Karla Rubilar.
El carácter festivo y pacífico fue la nota dominante durante el desarrollo de la jornada de huelga, con grandes masas de gente en las calles de ciudades de todo el país y sin incidentes relevantes.
Sin embargo, por la tarde, a unas cuadras de Plaza Italia, cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía, que los dispersó con chorros de agua y gases lacrimógenos, y hubo incendios y saqueos a comercios.
En la sureña Concepción, manifestantes incendiaron la sede de la gobernación regional y se enfrentaron con la policía, mientras varias tiendas fueron saqueadas en el balneario de Viña del Mar y en el turístico puerto de Valparaíso, en el centro del país.
En este contexto, el peso chileno se desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
Chile, considerado hasta hace poco un país “modelo” en una región acostumbrada a la inestabilidad política y económica, vive una revuelta social sin precedentes desde el 18 de octubre, cuando un alza en el boleto del subte detonó un violento descontento que se amplió a llamados a un profundo cambio del sistema.
Los disturbios se siguieron de las protestas más multitudinarias en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y del mayor desafío para Piñera desde el comienzo de su segundo mandato, hace más de un año y medio,
Al comienzo de la crisis, Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, propuso rebajar los sueldos de los legisladores y aumentar los impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes.
Como no logró atenuar las protestas, el mandatario dio un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución sancionada durante la dictadura.
Sin embargo, no aceptó que esto se haga a través de una Asamblea Constituyente – como piden los manifestantes y que contemplaría una participación más amplia de la ciudadanía- sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.