La UTEP presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la “destrucción de las políticas sociales” en el país y solicitó que se exhorte al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones. Por su parte, el Ministerio de Capital Humano respondió con un descargo oficial.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno de Javier Milei por lo que calificaron como la “destrucción de las políticas sociales”.
En una audiencia reciente, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, afirmó: “El Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”. Las organizaciones señalaron el “desfinanciamiento y abandono” de políticas esenciales, incluyendo las destinadas a memoria, verdad y justicia, la lucha contra la violencia de género, y el acceso a la salud reproductiva.
Alarmante aumento de la pobreza
Durante la audiencia, Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, presentó cifras que revelan un aumento del 11% en la pobreza y más de seis puntos en la indigencia durante el primer semestre de 2024. Además, denunció una caída real del 29% en el presupuesto para políticas alimentarias en comparación con el año anterior, lo que ha afectado gravemente a comedores comunitarios y merenderos. Morales también señaló la existencia de alimentos sin entregar, como mil toneladas de leche en polvo, mientras “siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”.
Tania Espinoza Sánchez, de WIEGO, destacó el impacto de la desfinanciación en la urbanización de asentamientos precarios, que afecta a más de cinco millones de personas, casi la mitad de ellas niños y adolescentes. También alertó sobre la discriminación que supone la reducción de la protección social para los sectores más vulnerables.
Críticas a las políticas sociales del Gobierno
Gramajo, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, criticó el congelamiento del salario social complementario en 78.000 pesos, mientras la canasta básica para una familia supera el millón. Además, vinculó el deterioro económico con un aumento del narcotráfico y de las tasas de suicidio en el país. Solicitó a la CIDH que visite Argentina y exhorte al Gobierno a cumplir con fallos judiciales que ordenan la distribución de alimentos a comedores y merenderos comunitarios.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno, a través del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó las acusaciones en un informe de 13 páginas. Según Baños, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ejecutó el 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, lo que representa más de 1,6 billones de pesos. También destacó un incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar, extendiendo la cobertura a 600.000 adolescentes previamente excluidos.
El documento oficial denunció irregularidades en los registros de comedores comunitarios, señalando que más de la mitad no existían. Actualmente, el Ministerio articula con 4.325 comedores registrados y trabaja en mejorar la transparencia del sistema.
Exhortación a la CIDH
Antes de finalizar la audiencia, las organizaciones sociales solicitaron que la CIDH inste al Gobierno argentino a garantizar los derechos sociales en la formulación del presupuesto y las políticas fiscales. También pidieron que una delegación visite el país para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.