La Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños participó de la audiencia pública, convocada por la Secretaria de Energía, y alertó sobre las fuertes subas que afectarán a organismos públicos y a usuarios comerciales.
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, opinó que “el acceso a las fuentes de energía, agua potable y cloacas hace al ejercicio de los derechos humanos”, por lo que remarcó que la regulación tarifaria debe ser “acorde a las economías familiares”, en medio de un contexto con salarios atrasados y jubilaciones a la baja.
Muiños participó de la audiencia pública, convocada por la Secretaria de Energía de la Nación, que determinará los criterios por los cuales un hogar recibirá o no subsidios parciales o totales a los servicios de gas y luz. En esa línea, explicó que la función del organismo es “proteger, promover y defender los derechos de las personas, en este caso de los usuarios”.
Respecto a las complicaciones que traería los nuevos valores propuestos por el gobierno nacional, señaló que “el precio estacional de la energía les quitó todos los subsidios a los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación”, por lo que “el costo de la energía se elevará en un 194% en esos establecimientos”.
Por ello, Muños mencionó que la decisión final se tome teniendo “especialmente en cuenta la necesidad de contribuir a la paz social” y acudió a las palabras del Papa Francisco, quien deslizó: “La paz social es trabajosa, artesanal. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esa paz social que es responsabilidad de todos nosotros, pero primeramente del propio Estado”.