La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Casanello y tiene como objetivo “secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega” de los alimentos retenidos por el Gobierno nacional.
La justicia, a través de la disposición del juez Sebastián Casanello, ordenó allanar el Ministerio de Capital Humano a raíz de la política de distribución de mercadería. El objetivo de la medida es “secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega” de los alimentos.
Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que, en el marco del allanamiento, se entregó un “back up de la computadora del director de logística de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo”.
“Entre los elementos presentados se encuentran los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos”, justificaron desde el Gobierno nacional.
Al mismo tiempo, explicaron que se presentaron “las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios”.
“Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales”, agregaron en un comunicado.
Por último, desde la cartera que conduce Sandra Pettovelo, ratificaron que están cumpliendo “en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos” y recordaron que presentaron “un recurso de queja ante la Corte Suprema para defender la división de poderes, marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Ejecutivo”.